El Trasfondo

No más casas sin gente, ni gente sin casas 

La Comunidad Valenciana se sitúa en España en segundo lugar en cuanto a número de desahucios, según informa el Consejo General del Poder Judicial

Natalia Díaz Martínez / Alicante

Una manifestante en la concentración en contra de los desahucios
lleva un cartel que dice: "No te quedes en casa podrían quitártela"/ EFE

Más de 42.789 personas fueron desahuciadas los nueve primeros meses del año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tan sólo en la Comunidad Valenciana se producen al día una media de 25 desalojos. Entre todas estas personas se encuentra Ana Belén Fernández, una mujer de la ciudad alicantina de Torrevieja.
Con una situación insoportable a cuestas está en paro desde hace casi un año, embarazada de ocho meses y con dos hijas a su cargo. Ha sufrido desde entonces varios indicios de aborto pero se resiste con todas sus fuerzas a abandonar el domicilio familiar.
Pero Ana no lo tiene todo perdido. El pasado viernes 24 de febrero se aferraba al último suspiro de esperanza que le quedaba, pues un numeroso despliegue policial a cargo de la Guardia Civil estaba a punto de aparecer ante las puertas de su piso, en la calle San Miguel de Salinas número 9. Fue entonces cuando ese rayo de sol tan esperado se asomó entre las nubes apaciguando la tormenta. Varias asociaciones, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Torrevieja y la Vega Baja, Stop Desahucios, además de cientos de vecinos se acercaron a la vivienda para acompañar en señal de apoyo a Ana Belén y sus hijas.
La paralización del desalojo era bastante difícil, pero gracias a la unión y presión pacífica de cada uno de ellos, el objetivo estaba un poco más cerca. En última instancia y tras recibir órdenes directas de la Caja del Mediterráneo, el representante de la entidad financiera decidió conceder un mes más de plazo a la afectada, a cambio de que ésta firmase un compromiso voluntario de abandono del domicilio.
Ana Belén sigue sin tener una solución pero cada vez está más próxima. Las medidas que ha anunciado el Ministerio de Economía y Competitividad le hacen sentirse optimista. Según el ministro Luis de Guindos, el Gobierno pide soluciones a la banca para flexibilizar los desahucios. 
Las nuevas normativas protegerán en mayor medida a los colectivos con riesgo de exclusión social y a todas las familias que en posesión de una única vivienda tengan a todos sus miembros en paro. Además, para evitar el desahucio, los afectados deberán mostrar que su renta o patrimonio son insuficientes para hacer frente al pago de la hipoteca.
El empeño del Gobierno será “fomentar las ejecuciones extrajudiciales, creando una base de datos informatizada sobre las mismas y posibilitando el acceso a subastas online de inmuebles embargados”, según explicó de Guindos.
El primero de los acuerdos al que se pretende llegar es retrasar en dos años el desalojo de las unidades familiares desahuciadas y sin ingresos. También,que se admita la dación en pago, es decir, la transmisión del domicilio a la entidad financiera en compensación de la deuda que mantiene con ella.
Otro intento para flexibilizar los desahucios es que “los gastos y costas deberán también ser moderadas”, según informó el Ministerio.
La garantía que buscan las nuevas normativas es que las entidades financieras coparticipen en la devaluación de los inmuebles. Los bancos se muestran optimistas, pues los planes previstos para ellos son voluntarios. Sin embargo, para los miles de desahuciados, esta situación no les favorece en nada, tal y como criticó un asociado de la PAH: “puede que todo se quede en recomendaciones y no se traduzca en nada”.